MANIFIESTO A LA NACIÓN

El Grupo Literario “BRÚJULA DE TINTA”, consciente del compromiso ciudadano en la búsqueda de soluciones a la turbulencia social que ha provocado el terror del crimen organizado, la delincuencia común y la violencia social, presenta a consideración del Pueblo Salvadoreño, de la sociedad civil, y de los pueblo del mundo, el siguiente

PACTO DE SANA CONVIVENCIA NACIONAL

Los abuelos de nuestros abuelos basaron su vida en los principios de la solidaridad, el respeto mutuo, y la tolerancia. Ellos se auxiliaron solidariamente gracias a la figura del “palengüe” que les permitió compartir sus cosechas; desconocieron la necesidad de cerrar las puertas de sus viviendas porque el respeto mutuo impidió la existencia de ladrones, y concretaron el valor de la tolerancia considerando que su prójimo era sencillamente “su otro yo.”

NOSOTROS, miembros de la sociedad civil salvadoreña, con el ánimo de buscar opciones que nos permitan contribuir a la conformación nacional de un clima de sana convivencia social, y luego de analizar la realidad de nuestro país, CONSTATAMOS:

1. Los irracionales niveles de delincuencia común y violencia social que desembocan en el absoluto irrespeto a la vida humana, fenómeno que impacta negativamente en el desarrollo armonioso de las actividades sociales, económicas, políticas y tecnológicas del país.
2. La manipulación de niños y adolescentes en actividades delictivas que no sólo ponen en riesgo directo su integridad física sino también el desarrollo saludable de la juventud y del pueblo salvadoreño en general.
3. El riesgo y la zozobra que perturba a la familia salvadoreña, y la falta de compromiso de algunos padres de familia en la adopción de normas que permitan la conducción y una conducta responsables de sus hijos.
4. El elevado número de víctimas mortales que la delincuencia común y la violencia social provocan día tras día en el territorio nacional.
5. La ausencia de un sistema educativo incluyente que privilegie los valores de la paz, la democracia, la igualdad en dignidad y derechos, la honestidad, la moral y la familia, que forme ciudadanos críticos y propositivos, y que permita desarrollar en los maestros una conducta de sano modelaje en beneficio del alumnado del país.
6. El riesgo de un incremento en la conducta colectiva a tomar la justicia con sus manos y a soslayar la estructura judicial del país.
7. La ausencia de mecanismos ciudadanos -jurídica y éticamente aceptables- que contribuyan a participar en la propuesta de iniciativas y en la toma de decisiones para eliminar este problema nacional.
8. La falta de responsabilidad y transparencia en el manejo de la cosa pública por parte de algunos miembros de la clase política, con los consiguientes niveles de impunidad, y el consecuente irrespeto a las instituciones, al sistema democrático y al pueblo salvadoreño.
9. El riesgo del colapso de la institucionalidad de la nación -y de la estructura jurídica, en especial- a causa de los altos índices de delincuencia común y violencia social con el subsiguiente retroceso de todos los aspectos de la vida nacional.
10. Que mucho del clima de violencia y delincuencia común también se origina en la insatisfacción de necesidades básicas y elementales de la población, en los engaños del sistema partidario cuyo principal efecto ha sido la producción de individuos frustrados, impotentes y con ansias de venganza. Estas características, a su vez, han generado una crisis de integración nacional al crear conductas patológicas en individuos que luego -como parte de un círculo vicioso- se volvieron dirigentes del crimen organizado y de la delincuencia común.

Constatado lo anterior, en uso de nuestros derechos y obligaciones ciudadanas, convencidos de que la búsqueda de soluciones a la erradicación de la delincuencia común y violencia social también es responsabilidad de las y los ciudadanos; pensando en el bienestar de las y los salvadoreños, e impulsados además por el decreto legislativo N° 38 del 15 de diciembre de 1983 que da vida a la Constitución de la República, ACORDAMOS firmar este PACTO DE SANA CONVIVENCIA NACIONAL con el propósito fundamental de asumir una responsabilidad individual y colectiva en beneficio de la paz y la armonía social.

En ese sentido, anteponiendo los destinos de nuestro país en beneficio de la niñez y la juventud salvadoreña, de la mujer y el hombre en la edad mayor, y de las generaciones futuras, asumimos los siguientes compromisos:

1. DECLARAMOS nuestro respeto mutuo con la intención de regocijar nuestras avenencias, de apoyarnos recíprocamente, de tolerar nuestras diferencias ideológicas lo mismo que nuestras creencias y nuestras costumbres; de comprender nuestros defectos de carácter, así como de discutir frente a frente -con honestidad, prudencia y dignidad- cualquier discrepancia que pueda alterar la sana convivencia nacional.
2. CONDENAMOS el uso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y cualquiera que sea su procedencia. Demandamos del Estado las sanciones más enérgicas para quienes individual u organizadamente recurran al terror para beneficio de intereses personales o sectarios que contradigan el interés de las mayorías.
3. RECONOCEMOS la individualidad de nuestras vidas y la interdependencia de nuestras acciones; por lo mismo, nos declaramos preparados para asumir plenamente los principios de la no violencia en beneficio de una relación social reverente y civilizada.
4. RECONOCEMOS que la paz es un modo de vida en que los seres humanos con diferentes maneras de percibir el mundo interactúan libremente amparados en la razón y la justicia a fin de entregar a cada quien lo que le corresponde para que quien carece de todo reciba lo que necesita. Adoptamos el anterior concepto de paz no sólo para incorporarlo como elemento natural de nuestra convivencia y nuestro diario vivir, sino también como compromiso formal para clamarla y reclamarla al poder legalmente constituido.
5. RATIFICAMOS nuestra obligación de respetar la legalidad y el orden jurídico nacional, así como nuestro compromiso de sanear y fortalecer las estructuras jurídicas del país.
6. ACOGEMOS las elementales normas de ética y cortesía como una forma de vida de cara a la sociedad en que nos interrelacionamos.
7. RENUNCIAMOS al uso de cualquier tipo de arma, aun aquella que pretenda ser empleada para nuestra defensa personal o para defensa de nuestra familia.
8. RECONOCEMOS la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Destacamos nuestro compromiso ineludible de respetar los derechos de niñas y niños, especialmente aquellos derechos concernientes a la educación, salud, seguridad, y recreación. Renunciamos irrevocable e impostergablemente a cualquier signo de violencia doméstica.
9. ADMITIMOS que más importante que la seguridad nacional es la seguridad humana, es decir, la seguridad global del hombre y de la mujer que permita satisfacer sus necesidades básicas.
10. CONFIAMOS en que los gobiernos locales y el gobierno nacional asuman su compromiso de cumplir con las expectativas de nuestros derechos para que podamos cumplir con nuestros deberes.

A efecto de viabilizar los compromisos asumidos en este Pacto, formulamos las siguientes PROPUESTAS:

1. Instamos a la Asamblea Legislativa a emitir una ley que prohíba la posesión de armas en manos de personas naturales.
2. Exhortamos al Órgano Ejecutivo a realizar una exhaustiva depuración en la Policía Nacional Civil con las consiguientes mejoras salariales y prestaciones para los agentes que superen la depuración y los que se integren a la corporación.
3. Animamos al Órgano Ejecutivo a realizar una investigación a fondo sobre la legalidad de las empresas privadas de seguridad, y lo alentamos a prohibir el funcionamiento de las empresas comercializadoras de armas de fuego.
4. Exhortamos a la Corte Suprema de Justicia a profundizar auditorías judiciales que garanticen la sana e imparcial administración de justicia.
5. Consideramos que una depuración en la Fiscalía General de la República sería una medida esencial para superar la coyuntura de terror que vive la sociedad salvadoreña.
6. Demandamos de la Asamblea Legislativa la adopción de un mecanismo jurídico que transparente las actividades de la Corte de Cuentas de la República.
7. Proponemos a las gremiales productivas crear centros de producción que contribuyan a la reintegración social de miembros de maras no penalizados.

MECANISMOS DE EJECUCIÓN

1. Convenimos en crear el COMITÉ DE MEDIACIÓN NACIONAL -integrado por tres suscritores de este Pacto que para los efectos pertinentes deberán crear su propio reglamento- con la misión fundamental de zanjar armoniosamente los conflictos.
2. Convenimos en solicitar al Gobierno de la República la creación de la COMISIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACTOS TERRORISTAS PERPETRADOS EN EL SALVADOR, con la participación de jurisconsultos internacionales cuya misión fundamental sería esclarecer la fuente del terrorismo en nuestro país, así como la detención y subsiguiente juicio a quienes resultaren involucrados.
3. Convenimos en solicitar al Gobierno de la República la creación del COMITÉ DE VERIFICACIÓN INTERNACIONAL con representantes de la Organización de Naciones Unidas, la Comunidad Europea, y la Organización de Estados Americanos, para lo cual solicitamos realice las gestiones respectivas.

Al reconocer que el compromiso adquirido no rinde frutos de inmediato sino que -por el contrario- forma parte de un proceso complejo y prolongado que pone a prueba nuestra conflictiva naturaleza humana, proponemos mecanismos de ejecución integrados por instancias nacionales y multilaterales. En suma, iniciamos este esfuerzo nacional con la seguridad de que la esperanza mantendrá su manía de escoltarnos a lo largo de la vida.

San Salvador, El Salvador, julio de 2010.